Que somos y que ofrecemos:
El Estudio Jurídico Integral
nace hace 39 años al graduarse un grupo de Abogados en la Universidad Católica
Andrés Bello en la Ciudad
de Caracas, quienes se plantearon como Misión la defensa de causas populares,
apegadas a la democracia, la distribución justa de la riqueza y la construcción
de una economía productiva en la que la renta petrolera estructuralmente se
convierta en la palanca para la construcción de un país que superara el
subdesarrollo, el populismo y se abriera paso ante el avance tecnológico, la
integración y la globalización en camino. En un mundo con dignidad, respetuoso
de la autodeterminación de los pueblos y la Soberanía de cada
Nación. La acción estudiantil nos enseñó a enfrentar exitosamente toda forma de
autoridad, excluyente e irrespetuosa de los derechos constitucionales y legales.
Ese fue el camino para aprender
que esta Misión debía mantener la defensa de los sujetos que hacen del trabajo
social el hecho trascendente para la creación efectiva de la materia prima y de
sus habilidades en la producción de bienes y servicios el desarrollo
sustentable y la riqueza espiritual y material para distribuirla de manera
justa y equitativa, como base del crecimiento de una Patria que luego de ser
construida por Pueblos indígenas, invadida y liberada en lo político, se
mantiene aún dominada por formas económicas, sociales, culturales y jurídicas
que hacen a muchos de nuestros ciudadanos, hombres de segunda y a los más
humildes, las mayorías, en injusta relaciones de trabajo que les limitan el desarrollo
de sus sueños y a la gran familia venezolana, el crecimiento económico, social
y cultural a la que estamos llamados como productos superiores dotados de
inteligencia y voluntad, como seres humanos a quienes corresponde vivir en amor
y con la fuerza de cambiar cualquier injusticia.
De esta manera quien hace esta
presentación, acompañado de extraordinarios amigos asumí que no podía tener
otro destino que la defensa de la libertad, de la justicia de las causas
populares.
En 1975, como abogado de organizaciones
sindicales nutridas de los sentimientos populares sentí el orgullo de haber
colaborado en la consolidación de las libertades sindicales y la convención
colectiva del trabajo.
Para la década de los 70 era
imposible que un joven abogado, aunque defendiera con una adecuada estrategia y
voluntad sin límites, no se enfrentara a realidades en las que la Ley estaba por debajo de los
intereses dominantes; por ello no fue extraño que tuviere el honor de trabajar
en equipo y alcanzar el primer amparo constitucional dictado a favor de la
huelga (Hevensa), que con la frente en alto y lleno de indignación fuese a
rescatar en julio de 1976, el cadáver de aquel lúcido líder de la Liga Socialista que se destacaba
en la construcción y el desarrollo de una fuerza social que lograra participar
civilmente en una nueva Venezuela. A este joven cuya muerte sigue impune y
algunos de sus asesinos vivos, y a quien ordenaron torturar hasta asesinarlo
colgado de las muñecas, pude verlo en el piso de la morgue, convertirlo en una
masa de carne, sangre y dignidad que siempre me ha inspirado y servido de
ejemplo para saber que hay momentos en que la lucha social cobra caro la
voluntad de cambio y que lo único seguro es fortalecer esa voluntad.
La condición eficaz del abogado
laboralista por aquellos años obligaba a estudiar derecho penal para defender a
tantos luchadores que eran llevados a la Disip y sus tigritos (jaulas de 1 por 1 metros) como las que se
compran para llevar a los cachorros hoy en día. Vivíamos en un sistema de
justicia que no tenía en sus principios el Debido Proceso, ni en sus derechos
la defensa en cualquier grado de la investigación y del proceso. La equidad, el
contradictorio, la búsqueda de la libertad y la enseñanza como parte del
trabajo estaban en la conciencia y la acción de ilustres juristas,
independientemente de su credo o condición ideológica.
Es por la naturaleza de la lucha
que se manifiestan los intereses de las clases y los grupos en pugna; fue
difícil mantener mi independencia, en un mundo en el que gané a los 21 años de
edad ser juez del Municipio Bolívar del Estado Miranda, pero que para
mantenerme y crecer profesionalmente debía cumplir las orientaciones de
inscribirme en AD o COPEI, cosa que no hice.
En 1.982, con siete años como asesor
del Sindicato de la Prensa,
la Ebullición
que llevó a la tragedia de Tacoa me encontró nuevamente con la muerte. En
particular, esta vez, del poeta y periodista Carlos Moros, cuya causa que llegó
hasta la Corte Suprema
de Justicia donde pudo reivindicarse este sagrado oficio de buscar la
información donde esté y entregarla libre y sin censura a la Sociedad.
Desde mediados de los 80,
Sociólogos, Antropólogos, vinculados a los gobiernos de la época me mostraron
la situación de los indígenas Kari´ñas en oriente, donde las autoridades
locales de un plumazo declaraban inexistentes a estas etnias y ejidos las
tierras que les hubiesen pertenecido. Después de más de 20 años de juicios
derrotamos a los nuevos blancos criollos, terrófagos y destructores de la madre
Tierra. Las sentencias del más alto tribunal, la última de 2006, siempre
reconocieron los derechos indígenas, pero esta es la fecha que no se han
cumplido los pasos para devolverle sus tierras, siguiendo reducidos a un 10% de
los que el depredador imperio español les reconoció como títulos por su
valentía. Las autoridades de estos días han aplicado con más vigor la reducción
de estas civilizaciones, independientemente del discurso político.
En el año 1989, un grupo de
funcionarios de PTJ y DISIP prepararon la conocida masacre de El Amparo, la
integración de los militares al Comando José Antonio Páez, arrastró militares a
los hechos, algunos de los cuales fueron ascendidos a los más altos cargos.
Seis sentencias de reenvío fueron desconocidas por el Fuero Militar.
En 1988, el decreto presidencial
que en forma populista pretendió dar un bono sin carácter salarial, nos llevó a
un nuevo debate judicial en la
Corte Suprema de Justicia logrando que se estableciera que
cualquier remuneración era salario, tal como los mismos magistrados lo recibían
y le servían de base de cálculo para sus abultadas vacaciones, utilidades y
prestaciones sociales.
Como consecuencia de este
trabajo era lógico que siendo abogado de periodistas participara activamente en
la constituyente de Colombia en 1991 y en particular, como asesor en materia
relativa al derecho de información como apoyo a los periodistas colombianos, al
M-19 y otras organizaciones políticas.
En ese mismo camino tuve la
oportunidad de participar en los debates para la reforma del Sistema Jurídico
para la protección de derechos humanos en el marco del Congreso Mundial de Derechos Humanos en
1.992, en donde planteamos fórmulas para democratizar el sistema jurídico
internacional, la criminalización de los derechos humanos por violación de los
derechos económicos, sociales y culturales y la responsabilidad personal por
genocidio y otros delitos de lessa humanidad.
En 1.992, como Abogado actor en
representación de víctimas del Gobierno de Alberto Fujimori, especialmente en la causa conocida el la Corte Interamericana
de DDHH como “Bustios” (Hugo Bustíos), se conquistó la primera medida cautelar
antes de juicio, a favor de testigos de homicidio y por ese esfuerzo de muchos
en los que participé se logró finalmente la condena a 25 años de cárcel (poco
tiempo) para un genocida.
En 1.992, en Venezuela,
simultáneamente el movimiento social estaba en su mayor punto cuando sucedieron
las insurrecciones militares. Muchos, en forma romántica nos enamoramos de esos
hechos, produciéndose el mayor error de un ciudadano en los últimos tiempos,
como es haber dejado el poder civil en
manos de militares y con ello, el futuro del país.
Entre tanto en 1.993, el vínculo
sostenido con los defensores de los derechos humanos me permitió ser Asesor
Técnico en la reforma Constitucional de la República de El Salvador, que cerró un capítulo
de sangrientos enfrentamientos y dio pie a la democracia.
El 12 de abril de 2002 fui
llamado por funcionarios de la ONU
para proteger la integridad física de Ministros del Gobierno. Seguro que se
podía salvar la institucionalidad interactué directamente con el Secretario
General de la
Organización de Estados Americanos, Don Carlos Gaviria, telefónicamente y por vía electrónica le
informé sobre el golpe de estado ocurrido en Venezuela contra el Presidente
Hugo Rafael Chávez Frías, asumiendo la defensa de la institucionalidad. Por
razones obvias mi postura me hizo parte. El país se había dividido en dos
toletes que aún se mantienen. Trabajé en la asistencia jurídica de las víctimas
del 11-A. El conflicto petrolero me relacionó con el restablecimiento de la
gasolina. Luego, cuando me correspondió ser Consultor Jurídico de PDVSA
Petróleo supe que el despido masivo no tendría vuelta atrás lo que me llevó a
chocar con las nuevas autoridades del negocio petrolero y se me atacó como un
“saltador de talanqueras”. Siempre me pareció absurdo que se desmantelara el
capital de trabajo, la formación y experiencia para el desarrollo de la
industria. Ahora puedo asegurarlo con más pruebas, Venezuela no tiene una
industria propia. PDVSA no es un negocio petrolero propiamente, la extracción
del crudo se convierte en dólares y luego en bolívares devaluados que permiten
el mayor manejo populista de nuestra historia, los juicios siguen siendo mal
manejados y no se puede entender como PDVSA pide prestado dejándoles a nuestros
nietos una eventual quiebra del país.
Con motivo de las primarias observo a una oposición con la cual no
comparto aspectos de su filosofía, pero creo que ha madurado sobre los errores
cometidos para encausar el país por una senda de valores democráticos. La misma
oportunidad que nuestra sociedad dio a los dirigentes del 4F debe dársele a los del 11-A,
aunque me consta que tanto en el Gobierno como en la oposición no todos
estuvieron en esas acciones. También en el Estado hay funcionarios nobles,
demócratas y respetuosos de la
Ley. Lo importante es permitir el juego democrático, es
luchar dentro de la Constitución. La
autoridad no puede atacar al adversario con violencia, represión y propaganda.
Esas formas de defender el poder no corresponden al avance del Sistema Jurídico
Internacional.
Esta sociedad necesita rescatar el trabajo productivo dentro de lo que
cabe el empresario y las inversiones. Estamos definitivamente en un mundo
globalizado en el cual no es posible la polarización absoluta, creo que
trabajar por ella es regresar a más de 150 años atrás.
Nuestro Estudio Jurídico ofrece a esta sociedad esta experiencia y la
voluntad de fortalecer el estado de Derecho.
Ofrecemos nuestro conocimiento y experiencia a empresas, empresarios,
comunidades populares y trabajadores a
enfrentar las acciones arbitrarias e injustas. Nos hemos destacado en el
estudio del derecho constitucional, administrativo, contencioso administrativo,
laboral, penal y criminalístico. Estamos asociados a profesionales de diversas
especialidades para garantizar un buen producto. Creemos que nuestros hijos
merecen que hagamos nuestro trabajo en Paz y estamos a la disposición.
Fabián Chacón López
