El Estudio Jurídico Integral tiene una oferta para Usted

Que somos y que ofrecemos:

El Estudio Jurídico Integral nace hace 39 años al graduarse un grupo de Abogados en la Universidad Católica Andrés Bello en la Ciudad de Caracas, quienes se plantearon como Misión la defensa de causas populares, apegadas a la democracia, la distribución justa de la riqueza y la construcción de una economía productiva en la que la renta petrolera estructuralmente se convierta en la palanca para la construcción de un país que superara el subdesarrollo, el populismo y se abriera paso ante el avance tecnológico, la integración y la globalización en camino. En un mundo con dignidad, respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y la Soberanía de cada Nación. La acción estudiantil nos enseñó a enfrentar exitosamente toda forma de autoridad, excluyente e irrespetuosa de los derechos constitucionales y legales.

Ese fue el camino para aprender que esta Misión debía mantener la defensa de los sujetos que hacen del trabajo social el hecho trascendente para la creación efectiva de la materia prima y de sus habilidades en la producción de bienes y servicios el desarrollo sustentable y la riqueza espiritual y material para distribuirla de manera justa y equitativa, como base del crecimiento de una Patria que luego de ser construida por Pueblos indígenas, invadida y liberada en lo político, se mantiene aún dominada por formas económicas, sociales, culturales y jurídicas que hacen a muchos de nuestros ciudadanos, hombres de segunda y a los más humildes, las mayorías, en injusta relaciones de trabajo que les limitan el desarrollo de sus sueños y a la gran familia venezolana, el crecimiento económico, social y cultural a la que estamos llamados como productos superiores dotados de inteligencia y voluntad, como seres humanos a quienes corresponde vivir en amor y con la fuerza de cambiar cualquier injusticia.

De esta manera quien hace esta presentación, acompañado de extraordinarios amigos asumí que no podía tener otro destino que la defensa de la libertad, de la justicia de las causas populares.  

En 1975, como abogado de organizaciones sindicales nutridas de los sentimientos populares sentí el orgullo de haber colaborado en la consolidación de las libertades sindicales y la convención colectiva del trabajo.

Para la década de los 70 era imposible que un joven abogado, aunque defendiera con una adecuada estrategia y voluntad sin límites, no se enfrentara a realidades en las que la Ley estaba por debajo de los intereses dominantes; por ello no fue extraño que tuviere el honor de trabajar en equipo y alcanzar el primer amparo constitucional dictado a favor de la huelga (Hevensa), que con la frente en alto y lleno de indignación fuese a rescatar en julio de 1976, el cadáver de aquel lúcido líder de la Liga Socialista que se destacaba en la construcción y el desarrollo de una fuerza social que lograra participar civilmente en una nueva Venezuela. A este joven cuya muerte sigue impune y algunos de sus asesinos vivos, y a quien ordenaron torturar hasta asesinarlo colgado de las muñecas, pude verlo en el piso de la morgue, convertirlo en una masa de carne, sangre y dignidad que siempre me ha inspirado y servido de ejemplo para saber que hay momentos en que la lucha social cobra caro la voluntad de cambio y que lo único seguro es fortalecer esa voluntad.

La condición eficaz del abogado laboralista por aquellos años obligaba a estudiar derecho penal para defender a tantos luchadores que eran llevados a la Disip y sus tigritos (jaulas de 1 por 1 metros) como las que se compran para llevar a los cachorros hoy en día. Vivíamos en un sistema de justicia que no tenía en sus principios el Debido Proceso, ni en sus derechos la defensa en cualquier grado de la investigación y del proceso. La equidad, el contradictorio, la búsqueda de la libertad y la enseñanza como parte del trabajo estaban en la conciencia y la acción de ilustres juristas, independientemente de su credo o condición ideológica.

Es por la naturaleza de la lucha que se manifiestan los intereses de las clases y los grupos en pugna; fue difícil mantener mi independencia, en un mundo en el que gané a los 21 años de edad ser juez del Municipio Bolívar del Estado Miranda, pero que para mantenerme y crecer profesionalmente debía cumplir las orientaciones de inscribirme en AD o COPEI, cosa que no hice.

En 1.982, con siete años como asesor del Sindicato de la Prensa, la Ebullición que llevó a la tragedia de Tacoa me encontró nuevamente con la muerte. En particular, esta vez, del poeta y periodista Carlos Moros, cuya causa que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia donde pudo reivindicarse este sagrado oficio de buscar la información donde esté y entregarla libre y sin censura a la Sociedad.  

Desde mediados de los 80, Sociólogos, Antropólogos, vinculados a los gobiernos de la época me mostraron la situación de los indígenas Kari´ñas en oriente, donde las autoridades locales de un plumazo declaraban inexistentes a estas etnias y ejidos las tierras que les hubiesen pertenecido. Después de más de 20 años de juicios derrotamos a los nuevos blancos criollos, terrófagos y destructores de la madre Tierra. Las sentencias del más alto tribunal, la última de 2006, siempre reconocieron los derechos indígenas, pero esta es la fecha que no se han cumplido los pasos para devolverle sus tierras, siguiendo reducidos a un 10% de los que el depredador imperio español les reconoció como títulos por su valentía. Las autoridades de estos días han aplicado con más vigor la reducción de estas civilizaciones, independientemente del discurso político.

En el año 1989, un grupo de funcionarios de PTJ y DISIP prepararon la conocida masacre de El Amparo, la integración de los militares al Comando José Antonio Páez, arrastró militares a los hechos, algunos de los cuales fueron ascendidos a los más altos cargos. Seis sentencias de reenvío fueron desconocidas por el Fuero Militar.   

En 1988, el decreto presidencial que en forma populista pretendió dar un bono sin carácter salarial, nos llevó a un nuevo debate judicial en la Corte Suprema de Justicia logrando que se estableciera que cualquier remuneración era salario, tal como los mismos magistrados lo recibían y le servían de base de cálculo para sus abultadas vacaciones, utilidades y prestaciones sociales.

Como consecuencia de este trabajo era lógico que siendo abogado de periodistas participara activamente en la constituyente de Colombia en 1991 y en particular, como asesor en materia relativa al derecho de información como apoyo a los periodistas colombianos, al M-19 y otras organizaciones políticas.

En ese mismo camino tuve la oportunidad de participar en los debates para la reforma del Sistema Jurídico para la protección de derechos humanos en el marco  del Congreso Mundial de Derechos Humanos en 1.992, en donde planteamos fórmulas para democratizar el sistema jurídico internacional, la criminalización de los derechos humanos por violación de los derechos económicos, sociales y culturales y la responsabilidad personal por genocidio y otros delitos de lessa humanidad.

En 1.992, como Abogado actor en representación de víctimas del Gobierno de Alberto Fujimori,  especialmente en la  causa conocida el la Corte Interamericana de DDHH como “Bustios” (Hugo Bustíos), se conquistó la primera medida cautelar antes de juicio, a favor de testigos de homicidio y por ese esfuerzo de muchos en los que participé se logró finalmente la condena a 25 años de cárcel (poco tiempo) para un genocida.

En 1.992, en Venezuela, simultáneamente el movimiento social estaba en su mayor punto cuando sucedieron las insurrecciones militares. Muchos, en forma romántica nos enamoramos de esos hechos, produciéndose el mayor error de un ciudadano en los últimos tiempos, como es  haber dejado el poder civil en manos de militares y con ello, el futuro del país.

Entre tanto en 1.993, el vínculo sostenido con los defensores de los derechos humanos me permitió ser Asesor Técnico en la reforma Constitucional de la República de El Salvador, que cerró un capítulo de sangrientos enfrentamientos y dio pie a la democracia.

El 12 de abril de 2002 fui llamado por funcionarios de la ONU para proteger la integridad física de Ministros del Gobierno. Seguro que se podía salvar la institucionalidad interactué directamente con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Don Carlos Gaviria,  telefónicamente y por vía electrónica le informé sobre el golpe de estado ocurrido en Venezuela contra el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, asumiendo la defensa de la institucionalidad. Por razones obvias mi postura me hizo parte. El país se había dividido en dos toletes que aún se mantienen. Trabajé en la asistencia jurídica de las víctimas del 11-A. El conflicto petrolero me relacionó con el restablecimiento de la gasolina. Luego, cuando me correspondió ser Consultor Jurídico de PDVSA Petróleo supe que el despido masivo no tendría vuelta atrás lo que me llevó a chocar con las nuevas autoridades del negocio petrolero y se me atacó como un “saltador de talanqueras”. Siempre me pareció absurdo que se desmantelara el capital de trabajo, la formación y experiencia para el desarrollo de la industria. Ahora puedo asegurarlo con más pruebas, Venezuela no tiene una industria propia. PDVSA no es un negocio petrolero propiamente, la extracción del crudo se convierte en dólares y luego en bolívares devaluados que permiten el mayor manejo populista de nuestra historia, los juicios siguen siendo mal manejados y no se puede entender como PDVSA pide prestado dejándoles a nuestros nietos una eventual quiebra del país.

Con motivo de las primarias observo a una oposición con la cual no comparto aspectos de su filosofía, pero creo que ha madurado sobre los errores cometidos para encausar el país por una senda de valores democráticos. La misma oportunidad que nuestra sociedad dio a los dirigentes del 4F debe dársele a los del 11-A, aunque me consta que tanto en el Gobierno como en la oposición no todos estuvieron en esas acciones. También en el Estado hay funcionarios nobles, demócratas y respetuosos de la Ley. Lo importante es permitir el juego democrático, es luchar dentro de la Constitución. La autoridad no puede atacar al adversario con violencia, represión y propaganda. Esas formas de defender el poder no corresponden al avance del Sistema Jurídico Internacional.

Esta sociedad necesita rescatar el trabajo productivo dentro de lo que cabe el empresario y las inversiones. Estamos definitivamente en un mundo globalizado en el cual no es posible la polarización absoluta, creo que trabajar por ella es regresar a más de 150 años atrás.

Nuestro Estudio Jurídico ofrece a esta sociedad esta experiencia y la voluntad de fortalecer el estado de Derecho.

Ofrecemos nuestro conocimiento y experiencia a empresas, empresarios, comunidades populares y  trabajadores a enfrentar las acciones arbitrarias e injustas. Nos hemos destacado en el estudio del derecho constitucional, administrativo, contencioso administrativo, laboral, penal y criminalístico. Estamos asociados a profesionales de diversas especialidades para garantizar un buen producto. Creemos que nuestros hijos merecen que hagamos nuestro trabajo en Paz y estamos a la disposición.  

Fabián Chacón López